
La justicia de Ecuador ha condenado a una mujer vinculada con OneCoin a 5 años de cárcel, multa de 4800 dólares y reparación de 10.000 dólares a cada víctima que se vio envuelta en su supuesto plan de inversión.
La mujer fue privada de su libertad por el delito de captación de dinero de forma ilegal en Quito, a través de falsas promesas vinculadas con inversiones en criptomonedas.
Ivonne O., como ha sido identificada, habría estado involucrada en el ya difunto scam OneCoin dentro de Ecuador, por lo que la ha llevado a estar ante la justicia de su país por estafar 30.000 dólares a 3 víctimas.
Los afectados consignaban esos fondos en la cuenta de ahorros de la hija de Ivonne O., que en el año 2019, cuando ocurrieron los hechos, la menor tenía 8 años de edad.
El informe de la fiscalía indica que luego de recibir el dinero, la mujer les proporcionaba a sus víctimas un código con el que ingresaban a una página electrónica en la que, aparentemente, estaba su inversión.
Pero con el paso de tiempo, las víctimas ya no podían acceder al portal digital, confirmándose el engaño en el que estaban envueltos, siendo una gran estafa por parte de esta.
El encargado de exponer a esta criminal fue el fiscal ecuatoriano de Patrimonio Ciudadano, Santiago Guzmán, quien además aseveró que la supuesta rentabilidad futura que generarían estas transacciones no tenían ningún respaldo, pues la legislación de Ecuador no autoriza la circulación de esta moneda alternativa.
La responsable de estos actos delictivos ahora deberá enfrentarse a una multa de 12 salarios básicos unificados (USD 4 800) y una reparación de USD 10 000 a cada una de las víctimas.
Asimismo, se determinó que su condena está ajustada a los delitos de captación de dinero y operaciones cambiarias, por no tener la respectiva autorización de parte de los reguladores.
Cumpliéndose así el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en su artículo 323 establece lo siguiente:
«La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años».
Sin embargo, la sentencia fue declarada en primera instancia, lo que implica que todavía puede ser apelada por parte de la imputada.
Es necesario recordar que en el país sudamericano, la moneda de curso legal es el dólar estadounidense y la legislación aún es muy primitiva con respecto a otros países de la región, en cuanto a la autorización de transacciones con monedas digitales se refiere.