redactado por Leonardo Bracho
Un juzgado en Caracas, Venezuela acordó una decisión en pro de los mineros de criptomonedas que residen en el país tras anular la confiscación de un lote de más de mil equipos de minería que habrían sido retenidos por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) el pasado mes de octubre.
El ente regulador encargado sufrió un fallo en su contra según lo especificado en el documento del Tribunal Supremo de Justicia presentado por la juez María de los Ángeles Toledo, en donde establecía el amparo de las maquinarias conseguido por la firma de abogados SIERRAMOROS.
Dicha denuncia fue realizada por los afectados de la intervención de la SUNACRIP, en donde argumentaron que la entidad «violentó de forma flagrante el derecho a la defensa» en sus instalaciones sumado a una lista de procesos irregularidades en el lapso de inspección y sanción.
Asimismo, los representados por la empresa de abogados argumentaron que la retención de sus equipos se llevó a cabo sin el debido respeto a sus derechos como ciudadanos y su «libertad económica».
La firma de abogados complementó la decisión refiriéndose al allanamiento por parte de la superintendencia de criptomonedas el pasado mes de octubre, y de la mano de miembros policiales nacionales, en un par de empresas que se encontraban sub contratadas por el equipo de SIERRAMOROS.
De esta manera, los miembros de la SUNACRIP habrían asistido a los lugares con el fin de presentar manejo de las actividades, mantenimiento e inspección de los equipos, a lo que concluirían con la retención de los mismos argumentando que estas “vulneraban al Sistema Integral de Criptoactivos”.
Es así como la actividad culminaría con la custodia de 12 máquinas Antminer S9-S9I, un total de 1.624 equipos EBANG E9I y 1.479 fuentes de poder que se encontraban en funcionamiento.
Además, según los afectados, la intervención de las autoridades se realizaría sin ofrecer mayores detalles e información sobre el procedimiento legal o el sitio de resguardo final de los equipos confiscados.
La firma de abogados capitalina sumó mayores aspectos en contra de la metodología aplicada por la SUNACRIP para el encuentro con estos mineros, puesto que presentan la falta ante los parámetros legales para la presentación de documentos y verificación de permisos.
Y es que los procesos de inspección cuentan con un lapso de 15 días permitidos para la entrega de toda la documentación vigente que permitan la operación de los mineros en Venezuela, acto que se vería obviado para actuar de forma inmediata sin mayores oportunidades ante el decomiso y cese de actividades.
Sumado a esto, los afectados aseguran que se les fue prohibida la reunión de documentos y permisos para ser presentados el mismo día de los hechos, según, como medidas de “seguridad y resguardo del acta de inspección”.
Ante la serie de pruebas y acusaciones en contra de la entidad, el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de Distrito Capital decretó el amparo constitucional para los afectados, lo cual constaría en la anulación de las medidas de la SUNACRIP de forma provisional para este caso.
Redactado por Leonardo Bracho
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