Este viernes a las 3:30 pm se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la SUNACRIP y CORPOELEC en la sede de CORPOELEC del estado Carabobo con varios mineros digitales de la región.
En dicha reunión participaron el viceministro para el Servicio Eléctrico Nacional del MPPEE, M/G Juan Romero Figueroa; la gerente de Comercialización Nacional, Marielena Martínez; el gerente de Administración de Carga Eléctrica de Carabobo, Jesús Arcadio López y el mayor Rajiv Mosqueda, intendente de Minería Digital y Procesos Asociados de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
De acuerdo a los presentes, el propósito de la reunión era poner de preaviso a varios mineros sobre una nueva licencia y tarifas especiales por la energía eléctrica consumida durante el desarrollo de sus actividades comerciales en el territorio nacional.
De acuerdo a las declaraciones de Romero Figueroa, la licencia no tardará mucho en ser implementada en los próximos meses por parte del Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica (MPPEE).
De dicha reunión se anunció igualmente la creación de un comité de trabajo mancomunado, el cual estaría integrado por mineros, miembros de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) de Carabobo y la SUNACRIP, cuyas funciones serían atender las dudas de los mineros digitales, ayudar a legalizar el suministro de carga eléctrica y la factibilidad del cobro adicional para la actividad.
Ni cortos ni perezosos, los mineros no tardaron en responder a esta noticia, pues la taza propuesta en dicha reunión haría imposible llevar a cabo las operaciones. Para ponerlo en perspectiva, en Estados Unidos se manejan tarifas de $ 0,15 kw/h, muy por debajo del total que se presume que se cobrará, (0,09 kw/h o 9 centavos de dólar por kilowatt por hora).
Estas tarifas supondrían el fin de la minería digital en Venezuela, porque es imposible asumir los costos eléctricos si se suben a los niveles que el MPPEE presume aumentar. De hecho, según estudios del portal Statista, significaría que Venezuela pagaría más por la luz que países como Rusia, Arabia Saudita o hasta China.
Es lo que han dicho varios usuarios que fueron a la reunión, así como personas que comentaron en las redes sociales, quienes aún están a la espera de más información por parte de dicho ente antes de tomar cualquier decisión, pero hacen hincapié en que no puede haber doble licencia, pues ya la SUNACRIP emitía permisos sobre esta materia.
Uno de los medios que se encontraba en el sitio reportando era Criptominerca, quien también manifestó su desaprobación ante los planteamientos:
El día de ayer (jueves) en una reunión en Valencia , estado Carabobo, algunos representantes de Corpoelec hicieron algunos planteamientos a los cuales desde acá́ no estamos completamente de acuerdo; ya que, si bien es cierto que debemos pagar por el servicio eléctrico (cosa en la que estamos de acuerdo), no debe ser un monto superior al ya establecido para el sector industrial, y mucho menos se deben establecer tarifas ‘especiales’.
Criptominerca.
¿Acaso el ministerio pretende tomarse atribuciones que no le competen? Ningún comerciante trabajaría a perdida, y tampoco tiene lógica que en las condiciones que está el pésimo sistema eléctrico nacional, se pretenda cobrar lo mismo que en otros países desarrollados, aunado al hecho de que la cifra «irreal» de la electricidad en Venezuela la pagan otras personas ajenas a la industria, ¿por qué este ensañamiento con los mineros?
De acuerdo a fuentes extraoficiales, la Gerencia de Comercialización ha llevado a cabo un estudio general de cargas y sobrecargas para realizar un «mapeo» de las zonas del estado que presentan altos niveles de consumo y cuáles no. El objetivo es determinar que zonas tienen sobrecarga para no otorgarles factibilidad eléctrica para realizar la minería digital, lo cual implicaría que los que realizan operaciones en dichas áreas deben consultar su ubicación antes.
Para conseguir esto, el plan es colocar más medidores eléctricos en empresas que ya ejerzan la minería digital, las cuales a su vez deberán contar con una licencia que será emitida por una Oficina Especial de Minería adjunta a Comercialización de CORPOELEC. Todo esto para tratar de facilitar el proceso de regularización y permisología de los mineros que hacen uso del SEN (Sistema Eléctrico Nacional).
Cabe destacar que existen varias zonas de carga en el país en donde hay disponibilidad, como por ejemplo la zona del Guri, pero otras como la de Naguanagua al norte de Valencia, no poseen más capacidad.
Se prevé que la licencia que ya se ha mencionado tendrá una duración de 1 año, pudiendo renovarse luego de pagar el «impuesto» correspondiente, además de una tarifa especial por el uso del servicio eléctrico.
Otro aspecto que revela la fuente, es que toda granja clandestina que esté operando tendrá que ser sancionada, pudiendo entonces proceder a decomisar equipos los funcionarios autorizados.
De igual forma, si algún funcionario se presta al cobro de vacunas o permisos fraudulentos, se procederá a su destitución o hasta sanción penal si así correspondiere, pues las inspecciones que cualquiera de estos realicen deben estar ajustadas y enmarcadas en la LOPSE (Ley Organica Para el Sistema Electrico).
Cabe destacar que durante la primera semana de marzo se estiman más reuniones para terminar de concretar los detalles con los mineros y las autoridades, pero se presume que más temprano que tarde se hará el anuncio del aumento correspondiente.
En su cuenta de Instagram, la ASONACRIP (Asociación Nacional de Criptomonedas) propuso varios puntos para ayudar a coordinar de la mejor manera posible, el aumento de dichas tarifas, pues consideran que el futuro de la actividad está en juego.
1. Pautar una reunión entre el MPPEE, SUNACRIP y representantes de nuestro gremio.
2. Solicitar que en la actividad no exista una tarifa diferente que cualquier otra actividad industrial.
3. Solicitar en dicha reunión, que en la actividad sean respetadas aquellas granjas ubicadas e instaladas en zonas industriales mientras estas se encuentren sometidas a las adecuaciones exigidas por la norma.
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